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Finalizamos el anterior artículo sobre la situación de la vivienda en España, explicando la problemática del acceso a la vivienda que se convirtió en el problema más importante para los españoles en octubre de 2007, y como, a consecuencia de ello, los poderes públicos, en sus diferentes niveles y en función de sus competencias y intereses políticos, desarrollan nuevas políticas con la intención de remediar este problema.

Respecto al marco competencial de las políticas de vivienda, he encontrado en internet el documento “Algunas reflexiones sobre las competencias en materia de vivienda y las tendencias actuales en su ejercicio“, del profesor Juli Ponce Solé, escrito en el año 2004, que lo describe de forma precisa. Me limitaré pues a hacer un breve resumen que nos sitúe:

La Constitución Española (CE), establece en su artículo 148.3 que las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Sin embargo, la evolución de legislación estatal y autonómica ha provocado sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han precisado el contenido de estas competencias, o más en concreto, las competencias que debe seguir conservando el Estado, convirtiendo por ello el marco competencial en materia de vivienda en algo más complejo.

Según el profesor Ponce Solé, dicho marco competencial se modula en función de las actividades administrativas que se dan en torno a la vivienda.

1. Actividades administrativas de policía o de limitación. Son aquellas por las que, en defensa del interés general, se imponen condiciones a la actividad privada.

En éste ámbito, tanto el Estado como las CCAA juegan un papel importante, en cuanto a la regulación de las condiciones de las viviendas (calidad de los materiales, instalaciones, comunicaciones, salubridad). La mayor parte de estas materias son de competencia estatal según establece la CE, y de esta forma se justifica la Ley de Ordenación de la Edificación y así como el posterior Código Técnico de la Edificación, de obligado cumplimiento en todo el Estado.

Las CCAA tienen también un papel importante en estas actividades administrativas de policía, en lo que respecta a garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, posibilitando una adecuada regulación de las relaciones entre privados, en defensa del consumidor en el ámbito de la vivienda. Además, es competencia autonómica la regulación de las licencias de edificación, de primera ocupación, o de las cédulas de habitabilidad, en virtud de la competencia en materia de vivienda que les otorga la CE.

2. Actividades de fomento. Son aquellas iniciativas públicas que tienen por objeto fomentar o incentivar determinadas conductas privadas.

Una forma tradicionalmente utilizada en España de este tipo en materia de vivienda, sería la política fiscal, que corresponde fundamentalmente al Estado.

La otra forma tradicional de esta clase de intervención de los poderes públicos sobre la vivienda, ha sido la vivienda protegida. En este caso, ha sido necesaria una sentencia del TC (la 152/1988, continuada por la 59/1995), según la cuál, si bien se reserva a las CCAA “una política propia en dicha materia, incluido el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que es, en buena medida, el tipo de actuaciones públicas mediante las que se concreta el desarrollo de aquélla política “, entiende que el Estado, en virtud de sus competencias sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases de la ordenación del crédito, “limitan” estas competencias.

Así, fija los elementos que debe regular el Gobierno Central para todo el Estado en materia de vivienda protegida, que son: La definición de las actuaciones protegibles; la regulación esencial de las formulas de financiación adoptadas (créditos calificados, subsidiación de préstamos y subvenciones); el nivel de protección; y la aportación de recursos estatales.

A partir de aquí, la sentencia del TC indica la posibilidad de que las CCAA desarrollen sus políticas de vivienda protegida de forma “complementaria”, complementando las actuaciones de protección y promoción, aplicando las medidas estatales adecuándolas a su territorio, y desarrollando una “política de vivienda propia”, a partir de sus propios recursos.

Tal y como dice el profesor Ponce Solé, siguiendo la doctrina del TC se desarrollan los Real Decreto que desarrollan el Plan Estatal de la vivienda 2002-2005 (así como los posteriores planes 2005-2008 y 2009-2012).

Para las CCAA, además de todo el cuerpo legislativo que con diferente grado de intensidad desarrollen (creación de figuras autonómicas de protección, asignación de fondos propios que mejoren las ayudas, apertura de registros de solicitantes, etc…), se reserva la competencia para el otorgamiento de las calificaciones provisionales y definitivas de las actuaciones solicitantes de acogerse al sistema de vivienda protegida. 

Debido a su importancia (ha sido el elemento central de las políticas de vivienda en España hasta hace pocos años), escribiré en breve un post dedicado íntegramente a esta cuestión.

3. Actividad administrativa de servicio público. Se trata de aquellas acciones de los poderes públicos como las que, en el ámbito de la vivienda, desarrollan los gobiernos promoviendo, construyendo y/o rehabilitando viviendas con objeto de ponerlas a disposición de los ciudadanos en condiciones asequibles.

Según Ponce Solá, este es un ámbito de competencia exclusiva autonómica, aunque el Real Decreto 1/2002 (Plan de la vivienda 2002-2005), hace referencia a las viviendas de promoción pública, y la sentencia del TC 59/1995 acepta la intervención estatal en este ámbito, al amparo del art. 149.1.13 de la CE. 

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