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Burocracia-forges_mediano

Debido al puesto que desempeño en la empresa multinacional para la que trabajo, dedico una parte importante de mi tiempo a gestionar permisos y licencias necesarios para la apertura de nuevos centros de venta de la compañía, tanto en España como en otros países de Europa.

Esta experiencia me permite hablar con conocimiento de causa, sobre este proceso, que en principio no debería ser complicado, para conseguir una autorización para iniciar una actividad en un inmueble determinado de una ciudad.

La tramitación necesaria para conseguir abrir un negocio en una ciudad, afecta salvo en contadas excepciones, a tres áreas sobre las que la administración pública local tiene potestad para otorgar o denegar permisos:

– Urbanismo y patrimonio: El inmueble dónde se pretende ejercer la actividad, debe tener permitido el uso urbanístico acorde a dicha actividad. Además, el edificio o local, en caso de estar incluído en algún plan de protección, está sometido a las restricciones de usos y/o intervenciones en cuanto a obras que el plan indique.

– Obras: Las obras a efectuar en el inmueble donde se va a implantar la actividad, con objeto de adecuarlo a las necesidades concretas, deben tener la aprobación de la administración, asegurando el cumplimiento de las normativas edificatorias Estatales (CTE en el caso español), y Autonómicas o Locales si las hubiera.

– Actividad: La actividad a desarrollar, propiamente dicha, también es objeto de autorización, con la finalidad de asegurar que el local, puesto que va a ser de uso público, reúne las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad acordes con dicha actividad, al tiempo que se eviten las molestias que el desarrollo de la actividad pudiera ocasionar. Aquí se incluyen las normativas de accesibilidad en lugares públicos, las normativas de medio ambiente relacionadas con las contaminación acústica, lumínica o de otros tipos, etc…

Hasta aquí, no parece tan difícil. La cuestión está en que las competencias para el otorgamiento de estos permisos/licencias, son municipales, y eso implica que según dónde se implante, en España, por ejemplo, hay 8.116 formas distintas -con más o menos diferencias- de hacer estos trámites. Además, los municipios tienen competencia para legislar -y a veces lo hacen- sobre estos asuntos, en forma de ordenanzas municipales. 

Dos ejemplos: Nos podemos encontrar con que, para abrir un local comercial en Pamplona, hay que conseguirse unas ordenanzas municipales de la edificación, fotocopias de originales escritos a máquina (si, si… esto es el s.XXI, aunque no lo parezca), en las que se indican unas exigencias a cumplir por los locales en temas como ventilación natural, iluminación natural, etc… O nos podemos encontrar con que, para cambiar el cartel de una fachada de un local comercial en Granada, por encontrarse el local en un área próxima a un bien de interés cultural, haya que recabar hasta un informe autonómico favorable, alargándose el trámite en casi un año.

En resumen, hay dos complicaciones: una son los trámites y la lentitud en su resolución, que es algo que tiene fácil solución puesto que se trata de que los Ayuntamientos asuman unos compromisos en plazos de respuesta, agilización de trámites según su complejidad, etc… y una segunda complicación, que es el hecho de que la existencia de normativa específica distinta para cada municipio o comunidad autónoma. Esto último es una complicación que se debe asumir, en pro de la independencia en la toma de decisiones de los propios ciudadanos sobre lo que se hace en sus municipios.

La simplificación burocrática de los trámites, que es la parte que es posible cambiar, es sobre la que se están aplicando cambios con la intención de mejorar la situación:

La Ley de Economía Sostenible, de 5 de marzo de 2011, establece que “con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada”.

Sin ser nada más que una declaración de intenciones -sin efectos prácticos puesto que las competencias en esta materia son municipales, tal y como hemos indicado- con esta disposición el gobierno de la nación dá un “toque de atención” a los ayuntamientos, para que agilicen las tramitaciones y den así facilidades a la implantación de nuevas actividades económicas.

Algunos Ayuntamientos han empezado a “hacer los deberes”, y están adaptando las ordenanzas que regulan estos trámites, con fórmulas simplificadoras como son las declaraciones responsables, las comunicaciones de apertura, etc… sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer.

Aquí dejo algunas noticias al respecto:

El Ayuntamiento de Valencia dará las licencias en 24 horas y revisará las obras después. Levante EMV 5/11/11

(Sevilla) Una nueva ordenanza reducirá a 15 días la obtención de licencias para la apertura de negocios. 20 minutos 10/10/11

Barcelona dará licencias de obras en 60 días. La Vanguardia 28/9/11

 

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